Agricultura abre una investigación por los residuos de obra del párking de Cáceres

La Consejería de Medioambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha abierto una investigación sobre los vertidos procedentes del párking subterráneo que se está ejecutando en la avenida Primo de Rivera. Esta investigación se une a la que realiza el Seprona y la Fiscalía Provincial de Cáceres.

 

Según indicaron ayer fuentes del Ejecutivo regional, la dirección general de Medioambiente está realizando un informe para valorar si los residuos de construcción depositados en la parcela municipal de Mejostilla han incumplido la legislación vigente en materia de vertido de escombros y, sobre todo, si este hecho ha contribuido a la contaminación del medioambiente.

 

La Junta de Extremadura abrió diligencias a raíz de la denuncia de presentada por la asociación extremeña de plantas de residuos de construcción y demolición (Asorex) el pasado 23 de julio. Este colectivo consideraba que el vertido que se estaba realizando era "ilegal" y acusaba a la empresa que ejecuta el párking de "mala praxis". La Fiscalía ha requerido también a la administración autonómica que presente un informe sobre la situación, información que ha solicitado asimismo al Ayuntamiento de Cáceres. Este último organismo ya ha remitido el documento.

 

QUERELLA CONTRA LA EMPRESA Tal y como informara ayer este diario, el Ministerio Público tiene hasta diciembre para analizar si los vertidos de obra son constitutivos de delito. En caso de que considere que existen indicios delictivos interpondría una querella contra la empresa que construye el párking en la avenida Primo de Rivera, Riosa Herce.

 

Según el artículo 325 de la ley orgánica 19/1995 sobre delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial de uno a dos años, el que provoque vertidos que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, de las aguas, o a animales o plantas. Si el vertido perjudicara gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

 

Por su parte el ayuntamiento defiende que los escombros procedentes de la excavación no contienen materiales contaminados ni residuos peligrosos y especifica que lo que se ha depositado es tierra limpia. El gobierno municipal recordó además que los trabajos cumplen los plazos y que este mes de septiembre está previsto que comience el grueso de la excavación.