Ante ello, propuso reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para sancionar a aquellas personas que tiren, abandonen o dispongan finalmente desperdicios peligrosos dentro de la zona federal marítimo terrestre, en áreas naturales protegidas, cuerpos de agua y caminos y puentes federales. 
 
El monto de la sanción será hasta dos veces mayor al originalmente impuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y en caso de reincidencia hasta otras dos veces más.
 
Además, planteó modificar la Ley de Aguas Nacionales para establecer multa de mil 500 a 20 mil días de salario mínimo a quien arroje o deposite desechos en ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltren materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo. 
 
También contempla la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte para imponer multa de 100 a 500 salarios mínimos a quien tire, abandone o disponga finalmente restos en las vías generales de comunicación terrestres y a quien coloque intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en circulación. 
 
De igual manera, hasta 500 días de salario mínimo a quien incumpla con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, así como cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, con multas de hasta mil días de salario mínimo.
 
Precisó que en 2002 se registraron 32.1 millones de toneladas de basura y en 10 años aumentó a 42.1 millones, es decir, 31 por ciento más. Los estados con mayor generación fueron Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. 
 
Explicó que los sobrantes sólidos urbanos provienen principalmente de casas-habitación y de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública. 
 
Mencionó que adicionalmente en nuestro país se generaron desde 2004 y hasta 2013, 2 mil 035 millones de toneladas de residuos peligrosos, con un incremento entre 2011 y 2012 de 39 mil toneladas.
 
El legislador refirió que la Constitución Política establece que los municipios tienen a su cargo el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los desechos; sin embargo, "la basura tanto de sólidos urbanos como los peligrosos, es de todos". 
 
En una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente y turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el diputado Torres Mercado señaló que en México, en 2010, el 78.6 por ciento de la población contaba con servicio de camión recolector de basura; 14.9 por ciento, la quemaba o enterraba; 3.9 por ciento, la tiraba en un contenedor o depósito; 1.3, en un basurero público; 0.4, en un terreno baldío o en la calle; 0.3, en una barranca, río, lago o mar, y 0.6 por ciento, no especificó.