Doce detenidos por negligencia y corrupción por la explosión en el puerto chino de Tianjin

Dos semanas después de las gigantescas explosiones que devastaron el puerto chino de Tianjin, que dejaron casi 200 muertos y desaparecidos y un peligroso vertido tóxico, la Policía ha detenido a doce responsables del almacén de mercancías peligrosas que estalló aquella trágica noche del pasado día 12.

 

Según informa este jueves la agencia estatal de noticias Xinhua, entre ellos figuran Yu Xuewei, presidente de dicha empresa de logística, Ruihai, su vicepresidente, Dong Shexuan, y tres de sus directores generales.

 

En un comunicado, la Fiscalía General de China también ha anunciado el procesamiento de once funcionarios del Gobierno local y ejecutivos del puerto de Tianjin por «negligencia en el manejo y transporte de productos químicos peligrosos».

 

Acusados de «dejación de funciones» y «abuso de poder», entre ellos destacan el director de la Comisión Municipal de Transportes de Tianjin, Wu Dai, y el presidente del puerto, Zheng Qingyue. Otros funcionarios encausados pertenecen a la Inspección de Trabajo, las aduanas y la agencia de urbanismo que proporciona el suelo en la zona industrial de Teda, donde se ubica el puerto.

 

Debido a la corrupción reinante en el autoritario régimen chino, donde el poder político está íntimamente ligado al económico, los responsables del almacén siniestrado aprovecharon su «guanxi» («contactos») con las autoridades locales para acumular miles de toneladas de componentes químicos peligrosos sin permiso.

 

Aunque no figuraban como propietarios, Yu Xuewei, antiguo directivo de una empresa química estatal, y Dong Shexuan, hijo del difunto jefe de Policía del puerto de Tianjin, dirigían la compañía de logística Ruihai y utilizaban a sus conocidos para incumplir las normas de seguridad industrial, como hallarse a menos de un kilómetro de una zona residencial o acumular más productos químicos de los permitidos.

 

En el momento de las explosiones, sus depósitos contenían 3.000 toneladas de 40 tipos de sustancias tóxicas. Superando 70 veces los límites permitidos, entre ellas destacan 700 toneladas de cianuro de sodio, que es letal si se inhala y ha quedado disperso en una zona de tres kilómetros alrededor del epicentro del estallido, evacuada por su toxicidad.

 

Además del cianuro de sodio, el almacén de Ruihai guardaba 800 toneladas de nitrato de amonio y 500 toneladas de nitrato de potasio. Contraviniendo las normas, sus instalaciones se ubicaban junto a una autopista y a 500 metros de una zona residencial, cuando la legislación china establece que un recinto con mercancías peligrosas no puede estar a menos de un kilómetro de edificios públicos y viviendas privadas.

 

Durante los interrogatorios, el propio Dong Shexuan reconoció que «cuando necesitábamos una inspección, me reunía con mis contactos en el puerto de Tianjin para conseguir su aprobación». Por ese motivo, la Policía también está investigando si otra empresa, Tianjin Zhongbin Haisheng, ayudó a Ruihai a conseguir ilegalmente los documentos necesarios para pasar los controles de seguridad y operar en el puerto de Tianjin.

 

Junto a todos ellos, el director de la Administración Estatal para la Seguridad Laboral, Yang Dongliang, fue destituido el miércoles por corrupción. Aunque los medios chinos no han relacionado su caída con el gravísimo accidente industrial de Tianjin, todo parece indicar que es así. No en vano, Yang Dongliang ha trabajado durante 18 de sus 61 años en la administración pública de Tianjin y, además, fue vicealcalde de esta ciudad hasta 2012, cuando se hizo cargo de la Inspección de Trabajo.

 

Mientras ruedan cabezas por la investigación, continúa la limpieza del vertido en la terminal de contenedores del puerto de Tianjin, que quedó arrasada por las explosiones. Su onda expansiva dañó 17.000 viviendas de los bloques cercanos y obligó a evacuar a 6.000 personas, despertando una ola de indignación en China por la cadena de irregularidades que desencadenaron este accidente.

 

Ante las protestas de los vecinos afectados, que desconocían la existencia de un almacén de mercancías peligrosas cerca de sus casas, cinco promotores inmobiliarios estatales anunciaron el martes que comprarían las viviendas más dañadas. A la espera de concretar los detalles de este programa, que persigue apaciguar a los airados residentes de Teda, la zona económica especial colindante con el puerto, las autoridades han decretado que once de las doce de torres de apartamentos más afectadas por las explosiones no han visto su estructura dañada y son seguras.

 

Pero los vecinos desconfían de las autoridades y no quieren volver a vivir junto a un lugar donde ha habido un vertido tóxico del que aún se desconocen sus consecuencias.