El efecto invernadero ya te lleva a la cárcel en España

El efecto invernadero o subida de la temperatura por concentrar gases en la atmósfera ya no sale impune en España. El Tribunal Supremo acaba de refrendar la condena de la Audiencia de Madrid a dos empresarios madrileños, padre e hijo, que trituraron 2.236 frigoríficos sin permiso alguno.

 

Ante la condena en primera instancia, alegaron que nadie había sido antes condenado por este delito y la respuesta de los magistrados del Alto Tribunal fue que "siempre hay una primera vez". Ambos han sido condenados a dos años y medio de cárcel.

 

 

La sentencia pone de manifiesto que Antonio Nieto Jaime y su hijo Antonio Nieto Medina –dedicados al negocio de la chatarra a través de tres empresas, Recuperaciones Nieto, Triturados Férricos y Sierraluenga– llevaron a cabo la trituración de los frigoríficos entre los años 2007 y 2010, de forma ilegal y sin autorización administrativa alguna, liberando a la atmosfera con esa acción 3.378 toneladas de CO2. Una actuación que incumple de manera flagrante la normativa sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, al carecer ambos de autorización para tratar con residuos peligrosos.

 

También han sido condenados a un año y dos meses de prisión el encargado de la empresa, Luciano Rocha, y dos responsables de empresas que abastecían de frigoríficos a los primeros, Óscar David Sevillano y Félix Martín Pérez, titulares de empresas como Vertederos de Residuos, Chatarras Madrid y Neumáticos La Muñoza.

 

 

Una de estas empresas proveedoras actuaba en la planta de Valdemingómez como concesionaria del Ayuntamiento de Madrid, con el objeto de hacerse cargo, entre otros residuos, de la totalidad de los frigoríficos que procedían de los puntos limpios de la capital.

 

Lo que sí han conseguido los condenados de su recurso ante el Supremo es una rebaja de las penas, que la Audiencia de Madrid fijó en cuatro años de cárcel para los dos máximos responsables y de dos años para los otros tres, al no concurrir el agravante de clandestinidad de la industria, ya que la actividad empresarial que los empresarios desarrollan cuenta con las preceptivas licencias administrativas.

 

 

También se elimina indemnización de 60.000 euros al no caber la responsabilidad civil derivada de delitos de medio ambiente, que no se vincule a daños concretos causados a una persona identificable.

 

De manera periódica, y especialmente en verano cuando se dan los mayores registros de ozono, los grupos ecologistas suelen llamar la atención de las autoridades ante la superación de los niveles máximos legales causados por este contaminante.

 

 

A finales de agosto, 22 de las 23 estaciones de la red de la Comunidad de Madrid superaban uno de los límites que marca la directiva europea, el del valor objetivo para la protección de la salud por ozono troposférico.

 

Un valor que se define como el número de días que se supera el valor medio de 120 microgramos por metro cúbico (μg/m3) de ozono durante períodos de ocho horas, y que la normativa limita a un máximo de 25 días año.