Explosión en Alta Córdoba: en falta por manejar materiales peligrosos
04 Nov
En 2014, cuando la explosión de la Química Raponi, de Alta Córdoba, sorprendió a la ciudad, había 200 industrias y comercios que estaban fuera de norma o que debían mudarse. En 2015, las situaciones de riesgo no han cambiado demasiado: en lo que va de 2015, el municipio lleva realizadas 215 actas a industrias por irregularidades en el manejo de residuos y materiales peligrosos.
Pese a estos números, para el secretario de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana, José Fernández, los datos son alentadores porque considera que hubo una baja en las faltas registradas desde Higiene y Seguridad en grandes y pequeñas superficies en las que se manipulan sustancias tóxicas, como estaciones de servicios, pinturerías, depósitos de pólvora, industrias varias y talleres mecánicos.
Según el relevamiento de esta dependencia municipal, en lo que va de 2015 se realizó un total 2.410 actas de infracción, de las cuales menos de un 10 por ciento fueron irregularidades en locales o industrias de residuos y materiales peligrosos (215 en ese rubro). De este total de actas, 1.825 fueron faltas varias que hacen a la higiene y a la seguridad; y 585 clausuras por no tener la habilitación correspondiente o la declaración de la fabricación del producto, por ejemplo.
“Con los controles, hemos bajado las irregularidades que veníamos observando, porque en 2014 realzamos 2.891 actas, algunas con clausuras, por problemas con residuos y materiales peligrosos”, dijo el secretario municipal. “No queremos encontrar un sólo galpón clandestino, por lo que los controles que realizamos son periódicos”, insistió Fernández.
Para los funcionarios de Ambiente, los resultados de los operativos de los inspectores de esa área también son frecuentes y han avanzado en la confección de un mapa de riesgo en la ciudad de Córdoba, que entre todas las variables a considerar tendrá un relevamiento de la cantidad de locales que trabajan y almacenan productos peligrosos.
Raponi, un caso
La directora de Impacto Ambiental del municipio, Alejandra Toya, explicó a Día a Día que en el caso de las industrias que manejan residuos peligrosos, además de los trámites e inspecciones de habilitación, se les realiza un informe pormenorizado.
“Dada las actividades que realizan, se efectúan las inspecciones, por ejemplo, en lugares en los que trabajan con filtros de aceites, en donde se emiten gases. Lo más común también son los talleres que liberan aceites”, explicó la funcionaria comunal.
También aclaró que se manejan con las mismas normas desde antes de la explosión en la química Raponi, incluso con iguales controles. “Los requerimientos son más o menos similares a los que se exigían a Raponi. Lo que sucedió ahí fue que estaba en un lugar no autorizado”, dijo Toya.
La funcionaria hizo hincapié en que muchas veces se realizan acopios y hay desconocimiento a la hora de conectar materiales. “Actualmente realizamos controles de manera periódica o vamos a partir de las denuncias de los vecinos”, insistió. Algo similar expresó la directora de Programación y Gestión Ambiental, María José Pardiñas, quien trabaja en un mapa de las industrias y grandes superficies en Córdoba.
“Estamos trabajando en los controles y en este mapa por capas, en los que se evalúa a las industrias por complejidad ambiental, rubro o actividad, cantidad de emanaciones, ruidos que generan, así como los riesgos de explosión y residuos que se generan”, precisó Pardiñas, que está a cargo del armado de estos datos que se actualizan desde este año.
Por ello, el municipio aún no tiene un relevamiento certero de la cantidad de rubros y niveles de peligrosidad digitalizados y registrados. A diferencia de lo afirmado por los funcionarios, Salvador Caggia, delegado de Impacto Ambiental, aseguró a Día a Día que los inspectores ambientales sólo hacen operativos cuando el dueño de estas fábricas solicita ante la Municipalidad el permiso para funcionar, pero que a posteriori no se realizan controles sorpresivos para constatar si cumple (o no) con lo declarado ante el municipio.
“Tuvimos respuesta en la contratación de un profesional para la parte técnica, pero el control industrial prácticamente no se hace. Es una falencia, porque no se puede con los recursos que tenemos hacer el relevamiento de los locales que autorizamos. Prácticamente no se hacen”, afirmó el delegado. También insistió en que hay muchas actividades riesgosas que son permitidas y se controlan, pero a las cuales luego no se les hace un seguimiento.
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