En los departamentos de Agricultura y de Interior sucede lo mismo, según lo señala el último informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO). Más de 5.000 establecimientos administrados por estos dos departamentos pueden estar contaminados o se ha confirmado que están contaminados con algún tipo de residuos peligrosos.

Por otra parte, el Departamento de Interior tiene pendientes de evaluación más de 30.000 minas abandonadas que posiblemente se encuentren contaminadas. La mayoría de desperdicios de estos lugares se encuentran en tierras situadas en la mitad occidental del país, repartidas entre las propiedades de la Oficina de Administración de Tierras.

El informe es el último en una larga serie de casos de estudios que muestran que el Gobierno federal es generalmente un mediocre administrador de las tierras que recaen en su jurisdicción. En 2014, Newsweek consideró al Departamento de Defensa como uno de los mayores contaminadores en el mundo. Es lógico que en otras agencias del Gobierno, especialmente aquellas cuyo mandato es supervisar las tierras federales, se encuentren situaciones similares.

Los departamentos de Agricultura y del Interior afirman que actualmente tienen alrededor de US$500 millones en pasivos ambientales que requerirán futuras limpiezas, los cuales casi todos serán pagados con dinero de los contribuyentes.

Sin embargo, estas proyecciones están siendo subestimadas. En 2012, el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito evaluó Sitios de Defensa Utilizados en la Antigüedad (FUDS) en propiedades de los departamentos de Agricultura y del Interior y concluyó que el costo de limpieza sería mucho más alto. Ya se han gastado millones para mitigar el daño ambiental provocado en estos lugares, y aún así el Ejército determinó que otros US$4,7 mil millones se necesitarán para completar las mejoras para cientos de lugares faltantes.

Además, considerando el historial de los proyectos gubernamentales, ese número probablemente sea todavía muy bajo. Los grandes proyectos del Gobierno frecuentemente terminan costando mucho más de lo estipulado, incluso terminan duplicando el presupuesto cuando son completados.

Cuando sumamos todo el gasto necesario, incluyendo los costos en exceso de lo estimado, no sería descabellado esperar un total que se acerque a los US$10 mil millones a largo plazo. Para poner esto en contexto, el presupuesto anual de la Oficina de Administración de Tierras del Departamento del Interior ha sido en promedio de US$1,3 mil millones (ajustado por inflación) desde 1970.

El atraso de proyectos es un problema real que debe ser abordado con seriedad. Los prolongados daños no solo plantean una amenaza para los contribuyentes, sino para quienes viven cerca de los miles de lugares contaminados. La solución a corto plazo para los dos departamentos sería inventariar y evaluar todos los sitios bajo su jurisdicción, y proveer estimaciones realistas de los costos. Sobre el mediano y largo plazo, los departamentos de Agricultura y del Interior deberían alentar soluciones privadas a algunos de estos problemas.

En primer lugar y más importante, sería cooperar con muchas de las agrupaciones ambientalistas sin fines de lucro para usar fondos privados para limpiar sitios contaminados. Esto va mano a mano con la segunda respuesta, que es privatizar gran parte de las propiedades que poseen estos departamentos, o devolverle el control a los Estados.

Legisladores del occidente de Estados Unidos han reclamado por un mayor control de las tierras estatales, y podrían dedicarle fondos estatales y locales para remediarlo, si son apoyados por los votantes. Esto podría liberar la carga de limpieza a los contribuyentes, quienes de otra forma no se beneficiarían de estas tierras. Otorgándole mayor control de problemas ambientales a los Estados y Gobiernos locales se podría acelerar proceso de limpieza y darle lugar a prácticas innovadoras de administración de tierras.

El Gobierno federal está sentado en millones acres de propiedad, especialmente en la mitad occidental del país. Ha probado ser un mediocre custodio de esas tierras, supervisando miles de lugares contaminados. No podemos esperar a que futuras generaciones reparen el daño que nuestros antepasados han hecho.

Es tiempo que el Gobierno evalué el daño que ha causado, y busque nuevos métodos para arreglar los problemas ambientales de la nación. Si no, la única pregunta que nos estaremos haciendo a nosotros mismos entonces será: “¿Por qué no hicimos esto antes?”