En la presentación del proyecto señala que en nuestro país se retiran de uso unas 100 mil computadoras, y que se recambia el celular cada dos años, y hoy hay más de 4 millones de móviles en servicios.
 
“Actualmente hay acumuladas por distintas organizaciones y esperando un destino final sustentable, más 20 toneladas de desechos, a las que se agrega seguramente otro volumen similar disperso en todo el territorio uruguayo, incluso guardados en los cajones en muchos de nuestros hogares”, explicó.
 
Señaló que según algunos estudios, cada habitante de la República desecha cada año unos 9 kilos de residuos electrónicos.
 
Carballo señala que según los expertos, la vida útil de estos aparatos electrónicos es cada vez más corta y recordó que ingresan al país unos 700 mil celulares por año, a lo que se deben sumar ahora las tablets para jubilados con el nuevo plan Ibirapitá.
 
El volumen de desechos electrónicos requiere de un manejo cuidadoso, tanto para su disposición transitoria como final, debido al contenido de las baterías y de metales como níquel, cadmio y otras sustancias peligrosas.
 
El diputado frenteamplista recordó que prácticamente el 100% de los teléfonos celulares son reciclables, pero que en nuestro país no hay plantas para su recuperación, ya que no se fabrican aquí, aunque podría ser una alternativa en un futuro.
 
Asimismo dijo que estos aparatos contienen también pequeñísimas cantidades de metales preciosos en microsoldaduras de plaquetas y circuitos, “lo cual es aprovechable y rentable, obviamente en grandes cantidades, las que se pueden recolectar a nivel país”.
 
En el proyecto de ley se establece que los distribuidores y comercializadores de aparatos electrónicos, deberán recibir, sin costo para los clientes, los equipos en desuso cuando adquieren uno nuevo y estimular la entrega de las baterías y otros elementos definidos como residuos peligrosos.
 
La Dirección Nacional de Medio Ambiente deberá crear un registro de productores y distribuidores de estos aparatos, que deberán entregar información sobre los componentes.
 
El proyecto responsabiliza al Ejecutivo para que tome a su cargo la disposición final de los residuos electrónicos, incluso para el caso de que su destino sea la exportación de componentes.