La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha demandado la clausura del vertedero de residuos de Befesa, en el Valle de Escombreras (Cartagena), tras denunciar el pasado mes de mayo ante el Seprona los trabajos desarrollados en este lugar.
 
A mediados de mayo, un técnico de Anse fotografió los trabajos de "diversa maquinaria realizando movimientos de las tierras acumuladas al sur del vertedero de residuos peligrosos de Befesa y trasladándolas a una nave cubierta situada en la planta de reciclado de aceites, situada al Este del vertedero, donde eran descargadas".
 
Paralelamente, "una máquina de cadenas trabajaba sobre el vertedero de residuos peligros, aparentemente allanando caminos y recomponiendo parte de los depósitos de materiales, en los que se observaban vertidos recientes".
 
"Las láminas de protección de los residuos aparecían rotas por diferentes lugares, y la altura de residuos acumulada resultada considerable, encontrándose a una cota notablemente más elevada que las instalaciones y naves próximas", explica.
 
La Asociación destaca la actitud "negligente" de la Comunidad en el control de Befesa, que "es una buena muestra de la escasez de medios e interés por parte de los responsables de Medio Ambiente durante los últimos años para el control del cumplimiento de la normativa sobre residuos peligrosos".
 
IU-Verdes pide dimisiones
 
IU-Verdes ha exigido la dimisión "inmediata" de la directora general de Calidad Ambiental, María Encarnación Molina, por "poner en juego" la salud y la seguridad de los vecinos del entorno del valle de Escombreras, en Cartagena.
 
La formación ha reaccionado así tras conocer la detención por parte de la Guardia Civil de cinco personas por el enterramiento irregular de 1.000 toneladas de residuos tóxicos por parte de la empresa Befesa, ubicada en el valle de Escombreras.
 
"Este enterramiento no ha podido pasar desapercibido para la Dirección General de Calidad Ambiental, que se supone vela por la seguridad y la salud de la ciudadanía", ha explicado IU-Verdes, quien ha advertido de que la empresa investigada "no se caracteriza precisamente por tener un expediente inmaculado".
 
A juicio de la organización de izquierdas, "no se puede exigir a los vecinos que confíen en las Administraciones públicas cuando estas demuestran estar más por la defensa de los intereses de determinadas empresas que por los de la ciudadanía".