La orden de inicio aprobada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (BOCYL de 4.03.15) consolida a la cementera roblana como la principal instalación de valorización energética de Castilla y León.
 
Es necesario recordar que la autorización ambiental que permitió inicialmente (año 2008) la coincineración de 33.000 toneladas de residuos, fue declarada nula en sentencia dada en julio de 2013 por el TSJ y está pendiente de pronunciamiento del Tribunal Supremo.
 
A pesar de ello, la Consejería ha seguido otorgando permisos a la cementera que, a partir de ahora, podrá funcionar sin restricciones como una incineradora de residuos urbanos ya que deberá utilizar como mínimo un 20% de estos residuos, procedentes de la fracción resto de centros de tratamiento de residuos municipales, sin que se le haya impuesto un límite máximo al total de 95.000 toneladas/año autorizadas.
 
Según los últimos datos de que dispone Ecologistas en Acción, en 2013 se quemaron en la cementera de La Robla más de 46.000 toneladas de residuos: neumáticos, fragmentos de vehículos usados, maderas, plásticos y residuos de la fracción resto de los RSU. Los residuos llegaron a La Robla desde distintos puntos de esta comunidad autónoma (León, Zamora, Palencia y Valladolid), de otras comunidades (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco) y hasta de Francia [1].
 
La gran cantidad y variedad de los residuos que la Junta ha permitido incinerar en La Robla garantiza la emisión de importantes cantidades de sustancias tóxicas orgánicas como dioxinas y furanos, conocidos alteradores hormonales de carácter cancerígeno, además de metales pesados o hidrocarburos poliaromáticos, también cancerígenos. Así lo ha puesto de manifiesto un estudio del Instituto de Salud Carlos III [2], según el cual, la proximidad a las incineradoras de residuos incrementa significativamente el riesgo de morir por cáncer.
 
Y aunque dicho informe no se refiere, evidentemente, a la fábrica de Cementos Tudela Veguín (se realiza antes de que la cementera contara con autorización para coincinerar residuos) en la muestra de instalaciones analizadas figuran las ocho incineradoras de residuos urbanos existentes en España en la fecha del estudio, siendo el tipo de los residuos incinerados asimilable, por sus características, al rechazo de los centros de tratamiento de residuos urbanos cuya coincineración se prioriza ahora en La Robla. Por lo tanto, parece e razonable pensar que el inicio de actividad recientemente autorizado conlleve un incremento del riesgo sanitario sobre una población históricamente castigada por la contaminación atmosférica.
 
Ecologistas en Acción considera inadmisible que el Gobierno autonómico haya antepuesto el interés económico de un sector industrial concreto como el cementero a la protección de la salud y el medio ambiente de la población de La Robla y del conjunto de la Comunidad.
 
Por ello, ha pedido a todos los grupos políticos que concurren a las próximas elecciones un cambio radical en la política de residuos: - que prohíba la incineración en las cementeras en cumplimiento de las sentencias dictadas por el TSJ; -derogue el actual Plan Integral de Residuos, concebido para dar cobertura legal a la importación y quema en las fábricas de cemento de centenares de miles de toneladas de residuos; - y lo sustituya por otro que se base en la reducción de residuos, la recogida selectiva de la materia orgánica para su compostaje, los sistemas de retorno y reutilización de envases, y la fabricación y consumo de productos fácilmente reciclables y/o biodegradables, permitiendo la transición de la economía lineal y contaminante actual a una economía circular y ecológica.
 
Es hora de que los intereses de la mayoría primen sobre el negocio de la basura que, controlado por mafias empresariales, no genera beneficios ni a la economía productiva, ni al medio ambiente.