Existe un vacío legal local en torno a la disposición final de los residuos peligrosos, al menos de los domiciliarios. Es que la Ley Provincial de Residuos Peligrosos que rige en la materia es amplia y precisa, pero está armada para los grandes generadores, no para los pequeños, los domiciliarios, que no saben qué hacer con pilas, tubos fluorescentes, lámparas de bajo consumo, aceites, incluso elementos de higiene femenina de los baños, entre los biopatogénicos.


Así lo informó a TiempoSur el referente de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, Eduardo D’Elía, quien calculó que “el 80% de los generadores de residuos peligrosos son los pequeños generadores”.


“Esto a la larga o en el mediano plazo, va a terminar impactando sobre el ambiente y las formaciones de agua”, dijo, y citó el ejemplo de los nuevos barrios o zona de chacra, donde la provisión de agua es mediante pozos y son habituales los basurales clandestinos que generan los vecinos en viejas canteras.


D’Elía advirtió que una persona hipoacúsica consume importante cantidad de pilas botón, altamente contaminantes, por semana y por mes, y se preguntó “adónde las dispone, ya que no hay un sitio para poder hacerlo”. 


Dijo que son los municipios, a través de sus Concejos Deliberantes, con la Subsecretaría de Medio Ambiente, los que deben acordar una legislación propia local, que permita a los pequeños generadores de residuos peligrosos y biopatogénicos darles disposición final.


D’Elía dijo que es un vacío legal y parte de los compromisos del decálogo ambiental que la Asamblea hizo firmar a los candidatos a intendentes en 2011. Incluía no solamente el inconveniente de tener el basural donde está, sino también darle gestión a los residuos peligrosos.


Destino de PCB. La Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos lo analizó durante el fin de semana, en una reunión en la ADIUNPA, para debatir las acciones a seguir y denunciar, impactos ambientales de distintos emprendimientos y explotaciones en la provincia, e incumplimientos de parte de autoridades.


La organización no gubernamental volvió a insistir en el análisis por la gran cantidad de casos de leucemia, determinados tipos de cáncer y trastornos de la glándula tiroides, que relaciona con consecuencias del PCB.


“Hemos hecho varias denuncias y aún no sabemos dónde se ha dispuesto el fluido altamente cancerígeno, que estaba adentro de los transformadores de energía en todas las ciudades de Santa Cruz”, dijo el dirigente, “no conocemos el destino y tememos que ésto esté impactando sobre la población”.


El dirigente informó que el único dato con el que sigue contando la Asamblea fue el aportado oportunamente por un director de Servicios Públicos Sociedad del Estado, que esos transformadores fueron dados a un chatarrero, “textuales palabras”.
Preocupa a la Asamblea “qué pueda haber hecho ese chatarrero, al que lo único que le interesa es el cobre y otros elementos de los transformadores, pero no los fluidos, con los que no sabemos qué pueda haber hecho”, dijo D’Elía, quien advirtió en esto tanto “negligencia” como así también “un grave incumplimiento a la Ley de Residuos Peligrosos, incluso a la propia ley de PCB, que estipula el tratamiento de este tipo de residuos”.