Como no podía ser de otra forma, tras el contundente informe técnico realizado por la Confederación Hidrográfica y contando las más de 1500 alegaciones presentadas, se ha reparado el error administrativo cometido en el año 2012 por la Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y Urbanismo, la señora Belén Fernández, en el que se había informado favorablemente a una parte del proyecto minero y no a la otra del mismo, lo que no era legal al ser un único proyecto el presentado.

Hay que recordar que el nuevo proyecto presentado, tenía graves deficiencias que lo hacían ambientalmente inasumible:

 Creemos que este procedimiento esta jurídicamente viciado al tratarse la tramitación fragmentada de un mismo proyecto que es un todo. Es inaceptable que se someta a EIA un parte del proyecto cuando este un todo, no es legal tramitar el Estudio de Impacto Ambiental dentro del presente expediente en el que ya existe una Declaración Impacto Ambiental parcialmente desfavorable.

Graves deficiencias al proyecto presentado, en lo relativo a la propuesta y análisis de alternativas, en cuanto al análisis de las afecciones a las lagunas de Silva, la caracterización de las aguas residuales que se generarían y la justificación de la viabilidad técnica de las instalaciones de depuración necesarias para que los vertidos no fuesen causa del incumplimiento de las normas de calidad y de los objetivos ambientales del medio receptor.


El baile del tamaño de la balsas de residuos de molienda y flotación, que empezaron en 500.000 m2, la bajaron a 210.000 m2 sin que nadie supiera que iban van hacer entonces con los residuos peligrosos que genera el proceso, porque el procedimiento era el mismo, con lo cual algún sitio tenían que llevar esos residuos peligrosos, con una vida contaminante de mas de 50 años.


No se aclaraba donde se iba a concentrar el mineral, en que lugar se realizara esta parte, como se iba a llevar hasta allí.
Por más que el Principado de Asturias sea un coladero y no vea los impactos que todos vemos, por muchas promesa y facilidades que se hayan hecho a la minera, que nos pueden traer reclamaciones patrimoniales en vista de todas las trampas cometidas por el Principado en estos años de tramitación, las responsabilidades se tienen que asumir por parte del Consejero de Economía el señor Graciano Torre y el Presidente del Principado el señor Javier Fernández, como valedores de este impactante proyecto minero.

Queda patente, en virtud de las características específicas del proyecto y teniendo en cuenta todos los factores de orden ecológico, socioeconómico, arqueológico y cultural señalados, el claro impacto ambiental del proyecto en la zona que puede ser no un solo un factor de riesgo durante la explotación sino durante decenas de años después.

Una vez más el Gobierno de Asturias queda claramente marcado, como apoyo de un proyecto ambientalmente inasumible, al que no han podido dar el visto bueno a pesar de sus intenciones. Una vez más la consejera de Fomento ha tenido que reconocer su error cometido en el año 2012, porque está claro que en el caso de la minería de oro no se puede compatibilizar la protección del medio ambiente con la defensa de la actividad económica por su elevado impacto ambiental como podemos comprobar en la explotación de Belmonte."