Asimismo, la nueva norma va a coexistir con la Ley de Residuos Peligroso -sancionada en 1991- que instituye estándares mínimos de protección ambiental que las jurisdicciones locales deben cumplir y pueden maximizar.
 
El objetivo principal de la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo es que los recipientes residuales de fitosanitarios tengan fines aptos que mejoren la eficacia de la gestión y garantizar que este material no afecte a la salud ni al medio ambiente.
 
Además, la norma clasifica dos tipos de envases. Por un lado los del tipo A, que son los envases vacíos que pueden someterse al “triple lavado”, también conocido como “reducción de residuos”. Por otro, el tipo B englobaría a aquellos que no pueden someterse al proceso de reciclaje, por sus características físicas o por contener sustancias no miscibles o no dispersables en agua.
 
En cualquiera de los casos, se debe entregar a los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizados. Estos se crearán bajo convenio entre provincias y empresas y serán responsabilidad de estas últimas.
 
Los límites de la recuperación serán fijados en la reglamentación de la Ley por el Poder Ejecutivo. Asimismo, también queda pendiente para el Gobierno establecer el lugar a dónde se dispondrán los residuos “tóxicos” de los envases que no pueden reciclarse. Para ello, se deberá formular procedimientos de gestión integral de los envases vacíos y establecer mecanismos de trazabilidad. La formulación será responsabilidad de los registrantes (privados).
 
El plazo que tendrán las empresas para anotarse como registrantes será de 90 días corridos a partir de la publicación de la norma. Luego contarán con 270 días para adecuar su gestión al nuevo sistema de registrantes. Por último, la autoridad de aplicación sugerida es el Ministerio de Agricultura, en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
 
Durante el debate en Comisión, asesores de la oposición criticaron que no queda especificado si la iniciativa busca eliminar los envases de la Ley de Residuos Peligrosos. Sin embargo, representantes del Ministerio de Agricultura que realizaron la presentación, señalaron que la redacción responde a la ley 24.051, de rango nacional, que contempla los residuos de agroquímicos en las provincias. Además aclararon que se aplicará como derechos administrativos, por lo que prevalece sobre las leyes provinciales, pero no las deroga.
 
Las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sustentable y Justicia y Asuntos Penales están a cargo del análisis y adelantaron que queda abierta la posibilidad de enviar propuestas de modificación al Ministerio de Agricultura. Además, se espera que en las próximas semanas concurran especialistas que han participado en el desarrollo del proyecto. 
 
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