Los condenados fragmentaron al menos 2.236 frigoríficos y liberaron el equivalente a 3.378 toneladas de dióxido de carbono, lo que entrañó “un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas”, según la sentencia. Una parte de los frigoríficos provenía de los puntos limpios y de la recogida de electrodomésticos en la vía pública del Ayuntamiento de Madrid.

Como otros electrodomésticos, los frigoríficos contienen elementos tóxicos y una vez usados deben ser tratados en plantas especializadas para evitar que contaminen. El costoso proceso lo financian los consumidores con un canon que pagan con la compra de aparatos eléctricos y electrónicos, cuya factura global asciende a unos 300 millones de euros al año.

Las condenas a los cuatro empresarios, que aún pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, suponen los primeros frutos de la vasta operación lanzada por la fiscalía coordinadora de Medio Ambiente en 2010 contra el fraude en el reciclaje de residuos peligrosos. El origen fue una denuncia anónima. “A raíz de ello se procedió a recopilar información sobre la situación real del sector. Y descubrimos una situación incomprensible en grado sumo”, señala el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. “No se recibía en las plantas de tratamiento autorizadas un mínimo número de los residuos que se producen anualmente y que previamente se había calculado por las instituciones”.

Pablo Balaguera, director general de Recytel, una empresa autorizada para el reciclaje de esta clase de residuos con sede en Madrid, coincide con el fiscal. “Casi todas las plantas de tratamiento españolas están sobredimensionadas. Nacimos con un gran tamaño, en previsión de lo que indicaban los datos oficiales y de los objetivos fijados por la Unión Europea, pero nunca hemos alcanzado la carga de trabajo esperada. En nuestras instalaciones, por ejemplo, podríamos tratar 30.000 toneladas al año y solo tratamos 10.000”.

Mariano Arana, gerente de Induraees, otra planta de reciclaje autorizada ubicada en Palencia, estima que la elusión de los cauces legales está tan extendida que solo un 20% de los electrodomésticos acaba en el lugar adecuado. El porcentaje proviene de un estudio que realizaron con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que se introdujeron GPS en electrodomésticos para averiguar su destino.

A la dificultad para solucionar el problema contribuye, según fuentes del sector, la escasa facilidad de acceso a los datos. “Falta transparencia. No solo en el tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos, sino en general en el mundo de los residuos. Hay cierta tendencia al oscurantismo”, opina Javier Miranda, coordinador del máster en gestión de residuos de la Universidad Autónoma de Madrid.

También influye, prosigue Balaguera, la situación en que han quedado los chatarreros de toda la vida ante el avance de la legislación ambiental. “Al chatarrero tradicional le has quitado el coche, porque ahora tienen que ir a un centro especializado de descontaminación. Se han creado centros para el tratamiento de residuos de la construcción y las demoliciones. Y encima aparecemos nosotros para tratar los aparatos eléctricos, cuando los electrodomésticos eran el principal suministro de estas fragmentadoras. Es peligroso, sí. Pero si lo dejan escapar dejan escapar también un montón de toneladas de chatarra”, afirma.

Los electrodomésticos usados, como los frigoríficos, tienen un valor si se prescinde del tratamiento regulado y de la correcta extracción de los gases CFC (clorofluorocarbonados) que guardan en los circuitos y espumas aislantes. “Sin los costes del reciclaje, lo que tienes es un chapajo, como lo llaman los chatarreros, de primera calidad”, dice Balaguera. La crisis económica y el paralelo auge en el precio de los metales, que llevó el precio del cobre hasta los 8.000 dólares por tonelada antes de que la cotización empezara a bajar, tampoco han facilitado la lucha contra el fraude en el sistema.

Mercado de la polución

La sentencia de la Audiencia de Madrid condena a dos empresarios a cuatro años y un mes de cárcel como autores de los llamados delitos ecológicos, que son los recogidos en los artículos 325 y 326 del Código Penal. Otros dos empresarios han sido condenados a dos años de prisión.
Para calcular la responsabilidad civil, el tribunal ha traducido a dinero el gas liberado acudiendo al “valor de mercado de los derechos de emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero”. El resultado no es muy alto. Por liberar el equivalente a 3.378 toneladas de gas, los jueces los condenan a pagar 60.722 euros. 17,9 euros por tonelada.

El motivo, explica Ángel Pardo, experto en Finanzas Internacionales de la Universidad de Valencia, es que la cotización de los derechos de emisión, cuya referencia se marca en el mercado de futuros ICE (Intercontinental Exchange), es muy baja debido al “exceso de derechos de emisión” asignados a las empresas y a la caída de su producción con la crisis. Históricamente, el valor del derecho de emisión de una tonelada de gas ha oscilado entre 29 y cinco euros, y esta semana cotizaba a siete.