Con el beneplácito del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y o la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, la Generalitat Valenciana ha autorizado la instalación en el Puerto de Alicante de una planta de tratamiento de residuos peligrosos e hidrocarburos que llegan procedentes de los grandes buques. Ni el rechazo de vecinos y partidos de la oposición de esta instalación por la presencia a escasos 500 metros del Colegio Público Benalúa o de las viviendas del litoral del barrio Gran Vía Sur así como de algunos hoteles de la zona han tumbado el proyecto.
 
Esquerra Unida planteaba en sus alegaciones, ahora rechazadas, que las instalaciones fuesen de almacenamiento y no de tratamiento, que son las que al final se han aprobado, para que los residuos se procesaran en unas instalaciones más alejadas de la ciudad. Por este motivo, tanto vecinos como EU han anunciado que ejercerán el derecho a recurso de alzada ante lo que consideran un riesgo por posibles explosiones en una zona rodeada de tantas viviendas, hoteles y constante tráfico rodado.
 
Las alegaciones han sido desestimadas, tal y como publicaba ayer el Documento Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), en el que se recoge la aprobación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) necesaria para el procesamiento de estos residuos en las instalaciones que quiere construir la mercantil Marpol Alicante SL. La resolución se dictó el pasado 16 de julio, pero es ahora cuando la Administración autonómica lo ha hecho público.
 
Se trata de una planta situada en el Muelle de Poniente del Puerto de Alicante destinada a la recepción de estos hidrocarburos y residuos peligrosos que se generan en los barcos. Una vez almacenados, en las instalaciones se procede a separar el agua del combustible. Para ello es necesario un proceso de concentración por el que se alcanzan los 65 grados de temperatura que permiten la decantación de los líquidos para generar combustible. La autorización del Consell especifica claramente que la firma deberá cumplir una instrucción técnica sobre almacenamiento de líquidos inflamables.
 
Sin embargo, la autorización conlleva unas modificaciones que no contemplaba el proyecto inicial. Según señala la resolución de la Conselleria de Infraestructuras, la mercantil deberá ser muy escrupulosa con los reactores de almacenaje, pues los vasos tienen que construirse de doble muro. Además, deberán abonar una fianza de 70.000 euros ante posibles incumplimientos contractuales y contratar un seguro de un millón de euros ante posibles daños.
 
Mientras tanto, los vecinos recibían ayer la noticia con indignación, ya que accedieron en un primer momento a la instalación de la planta de almacenaje, como explicó el presidente de la asociación vecinal de Gran Vía Sur, Manolo Alarcón. No obstante, lamentaba que hubiesen hecho caso omiso desde la Generalitat a que «el tratamiento se realizase en una zona apartada». De ahí que se haya instalado un clima de preocupación, como quedó patente en la reunión que debían celebrar ayer mismo los residentes de la zona por otras cuestiones.
 
EU lamenta que la Generalitat haya desestimado trasladar la planta para tratar líquidos peligrosos, nocivos, tóxicos y cancerígenos al sector APD 21, junto a la autovía del Puerto y rodeado de polígonos.
 
Barranco de las Ovejas
 
Por otra parte, Alarcón anunció que «se ha agotado el tiempo» de esperar a que se adecúe el Barranco de las Ovejas, de ahí que estén preparando movilizaciones. El colectivo vecinal puso el día 11 de septiembre como la fecha tope para poner solución a la tubería que hace de muro y bloquea el paso de agua, lo que «podría originar una auténtica catástrofe», como señaló el responsable de Gran Vía Sur, si llueve con virulencia, algo que conocen bien. Por ello, mantendrán contactos con otras agrupaciones para aunar esfuerzos.