Un informe de la Comisión Europa de 2013 sitúa a España en el vagón de cola en gestión de residuos urbanos, junto a países como Bulgaria, Chipre, Grecia, Hungría, Rumanía, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Eslovaquia. A la cabeza, los de siempre: Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxembugo, Países Bajos y Suecia. Estos últimos son los que han alcanzado –o incluso superado– los objetivos marcados por la legislación europea sobre residuos.

¿Y cómo lo han hecho? Mediante el uso de instrumentos económicos como las tasas al vertido y la incineración, programas de pago por generación, de responsabilidad ampliada del productor, sistemas de depósito y retorno de envases o prohibiciones al vertido. No obstante, varios de ellos tienen una sobrecapacidad de incineración, lo que les ha llevado a importar residuos de otros países, por lo que el informe les recomienda revisar su capacidad incineradora para poner más énfasis en la prevención, la reutilización, el reciclaje y el compostaje, de acuerdo con la jerarquía europea de residuos.

Por otro lado, están los países de mitad de la tabla, como la República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Eslovenia y Reino Unido. Estos se caracterizan por una tasa de reciclaje del 25-30%, mientras que el vertido de residuos se sitúa entre el 35-50%. Son países que, a pesar de haber avanzado en este campo, aún deben hacer esfuerzos para completar esa transición hacia una sociedad eficiente en el uso de los recursos. Reino Unido tiene, además, un exceso de capacidad de incineración.

En cuanto al grupo de España, el informe –que analiza varios estudios de ámbito europeo– alerta de que el vertedero sigue siendo el principal destino de la basura que generan –a pesar de ser el último nivel en la jerarquía de residuos– y las tasas de reciclaje y compostaje son aún muy bajas, en total disonancia con el espíritu y la letra de la legislación europea. Varios de estos países, además, llevan ya demasiados años en el seno de la Unión Europea –es el caso de España–, lo que da fe de una exasperante lentitud en su transición hacia una economía más verde. Y es una muestra también de la falta de atención que la gestión de residuos ha merecido para estos países, a pesar de tener un impacto directo sobre la salud de las personas y el medio ambiente.

Para colmo, el informe de la CE recuerda que desde el año 2000 la UE ha destinado 10.800 millones de euros de fondos estructurales para el desarrollo de infraestructuras de gestión de residuos, pero políticas equivocadas, planes mal concebidos, plantas sobredimensionadas…, no permitieron que estas inversiones dieran los frutos deseados.

GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL

El informe de la Comisión también hace un repaso del presupuesto que los Estados miembros dedican a medio ambiente, eficiencia de recursos y crecimiento verde, y nuevamente España no sale bien parada. La crisis económica también se ha hecho notar en este apartado. Así, países como Alemania, Suecia, Francia o Dinamarca han incrementado desde 2008 sus dotaciones presupuestarias para la protección del medio ambiente, fruto de la implementación y desarrollo de planes y políticas concretas. Especialmente relevante es el caso de Alemania, que entre 2008 y 2012 dobló su presupuesto, de 847 millones de euros a 1.600 millones.

Pero incluso países de nuestro grupo de cola, como Polonia, Rumanía o Eslovaquia, han aumentado en cierta medida su partida medioambiental, mientras que en España, desde 2009, se ha ido reduciendo año a año. No obstante, este descenso se ha visto compensado por el gasto realizado por las comunidades autónomas, según aclara el informe.

TASAS AL VERTIDO

Es evidente que el vertido de residuos barato –o incluso gratis– en nada ayuda a fomentar una sociedad del reciclaje. El informe de la CE nuevamente clasifica a los países en tres grupos, en función de sus cánones sobre el uso de vertederos. Y otra vez España muestra sus vergüenzas. Como cabe imaginar, los grupos son muy parecidos –prácticamente los mismos– a los citados al comienzo de este artículo. Solo la República Checa desciende un escalón, pasando del grupo intermedio al de cola. Así, los países con los impuestos más altos por el uso de vertederos reportan las más bajas tasas de vertido de residuos (Alemania y compañía), mientras que los últimos de la clase (el grupo de España) mantienen costes de vertido bajos y, en consecuencia, el vertedero es el principal destino de sus residuos.

Queda el consuelo de un tercer estudio citado por la Comisión Europea, que también agrupa a los países en base a diversos criterios en relación con la gestión de residuos, y en el que España se cuela en el grupo intermedio. La buena noticia es que dicho estudio es más reciente que los anteriores, lo que a juicio de la CE refleja que en un periodo de tiempo corto (dos años), y mediante la aplicación de las medidas adecuadas –políticas, económicas y de infraestructuras–, es posible avanzar de forma notable en la gestión de residuos.

En cualquier caso, el informe recuerda que España tiene aún que mejorar mucho en el servicio de recogida selectiva de residuos municipales, sus índices de reciclaje están por debajo de la media y otorga poca relevancia a la prevención de residuos en su agenda política. A pesar de ello, en 2010 se reciclaron en España el 33% de los residuos sólidos urbanos, el 58% terminaron en vertederos y el 9% fueron incinerados. Buena parte de ese 33% reciclado se compone de residuos orgánicos destinados a compostaje, lo cual no significa necesariamente bajas tasas de vertido de residuos biodegradables, ya que el objetivo de desviar del vertedero el 50% de este tipo de residuos en 2009 no se alcanzó.

En cuanto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), según los datos que maneja la CE, se considera que cerca del 70-75% no se gestionan de forma adecuada y son abandonados, exportados ilegalmente a terceros países o desmontados en plantas de tratamiento no autorizadas para la la extracción y venta posterior de los materiales valiosos que contienen.

DIFERENCIAS ENTRE CCAA

El informe de la CE destaca que existen en España diferencias significativas entre comunidades autónomas a la hora de gestionar los residuos, y que son estas las que a nivel autonómico implantan gravámenes al vertido de residuos municipales, residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición (cita los casos de Andalucía, Cataluña, Madrid y Murcia). También recuerda que Cataluña ha introducido tasas a la incineración, aunque estas son aún relativamente bajas, y programas de fomento del reciclaje a través de reducciones en el impuesto de basuras. En cualquier caso, el estudio saca los colores a España, ya que tras 25 años en la UE ha tenido tiempo –y ayudas– para mejorar la gestión de residuos, y pese a las variaciones en las tasas de reciclaje de los últimos años, considera que deberemos hacer verdaderos esfuerzos para alcanzar los objetivos de 2020.

Para terminar, el informe concluye con algunas recomendaciones sobre los aspectos a los que los países del furgón de cola deberán prestar especial atención:

Desarrollar políticas y planes de residuos que respalden el uso eficiente de los recursos y la economía circular, que fomenten el ecodiseño y la ecoinnovación, que respeten la jerarquía europea de residuos (incluida la prevención) y que creen una cultura alineada con estos objetivos.
Realizar estudios realistas de las necesidades de tratamiento y analizar el uso de instrumentos económicos apropiados, especialmente los impuestos al vertido y la incineración.
Asegurar el uso estratégico de los fondos estructurales y de cohesión, para desarrollar la capacidad de tratamiento adecuada, en línea con la jerarquía de residuos, y asegurar una cobertura total en la recogida selectiva de residuos reciclables y compostables, así como de residuos peligrosos.
Aumentar la capacidad de las autoridades competentes para crear, implementar y ejecutar sistemas de tratamiento de residuos avanzados, a través de estrategias de desarrollo apropiadas, infraestructuras adecuadas, compromiso público y financiación suficiente.
Revisar los actuales programas de responsabilidad del productor y aplicarlos al menos a todas las corrientes de residuos presentes en las diferentes directivas de reciclaje de la UE.
Desviar los residuos biodegradables de los vertederos mediante las infraestructuras adecuadas (recogida selectiva, plantas de compostaje y digestión anaerobia) y el uso de instrumentos legales y económicos.