Según un comunicado de prensa, al respecto, precisó que en su propuesta busca establecer penas de uno a cuatro años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa, con el objeto de evitar daños a la salud pública y medio ambiente.

El legislador de Nueva Alianza señaló que los efectos negativos que los residuos peligrosos generan, en especial los de la industria química farmacéutica, han tomado relevancia por su incremento ante la apertura comercial de los medicamentos y el mayor consumo de los mismos.

En este sentido, el legislador de Nueva Alianza precisó que en México, anualmente se producen 3 mil 100 millones de unidades de medicamentos, de las cuales el 9% representan un riesgo un riesgo para la salud y el medio ambiente, ya que el 4 por ciento están caducos y no son destruidos de manera correcta.

“El descarte de los medicamentos caducos a cielo abierto representa un gran riesgo para la salud pública, convirtiéndose en un foco de infección”, dijo.

Además, advirtió que la basura por fármacos genera problemas al medio ambiente, puesto que los envases, cajas con tabletas, jeringas o frascos, contienen sustancias que aún conservan propiedades químicas que en combinación con diversos factores como la tierra, el aire, el calor, entre otros, pueden resultar tóxicos y corrosivos.

Manifestó su preocupación al considerar que muchas personas incumplen la Ley al comercializar antibióticos ya caducos y maltratados, pero a menor precio que en las farmacias legalmente establecidas, generando un gran problema de salud entre los consumidores.

Refirió que el 8 de octubre de 2006 se promulgó y el 30 de noviembre de ese mismo año se publicó el reglamento, en cuya normatividad se establece la obligación de contar con un Plan de Manejo, como instrumento para minimizar la generación de residuos peligrosos, y verificar y comprobar el manejo integral de éstos.

Finalmente, explicó que en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se reitera la obligación de la Federación, por conducto de la Semarnat, a realizar los actos jurídicos necesarios junto con los gobiernos locales para llevar el control pormenorizado de los residuos peligrosos que estén sujetos a planes de manejo, así como la actualización de los registros y la imposición de las sanciones ante el incumplimiento.