Junta aprueba cinco planes de emergencia contra accidentes en ocho industrias de Córdoba, Granada y Sevilla

En la provincia de Cádiz, los nuevos planes afectan a dos centros productivos del Polígono Muelle Isla Verde, en Algeciras, y a uno del Polígono Industrial Río San Pedro (Muelle de La Cabezuela), en Puerto Real, así como a las dos plantas termosolares del complejo Torresol Energy en San José del Valle.

 

Los establecimientos industriales del Polígono Isla Verde son la terminal marítima de almacenamiento y distribución de hidrocarburos de Vopak Terminal Algeciras, SA, y las instalaciones de recepción, almacenamiento, trasiego y expedición de combustibles para buques de la firma CLH, SA, Bunker de Algeciras.

 

Por su parte, las instalaciones que contarán con dispositivo de emergencia en Puerto Real son las de la empresa Quimgra, SA, dedicada al almacenamiento y envasado de abonos. En San José del Valle, se incluyen las plantas de Arcosol 50 y Termesol 50, SA.

 

Los planes aprobados en la provincia de Granada afectan a dos empresas del Polígono Industrial Juncaril, en los municipios de Albolote y Peligros. Se trata de Herogra Fertilizantes, SA, dedicada a la fabricación de este tipo de productos, y Repsol Butano, SA, de almacenamiento, envasado y transporte de gases licuados del petróleo. Finalmente, el Consejo también ha aprobado el plan para las instalaciones de generación eléctrica termosolar que la empresa Arenales Solar, SL, tiene en el municipio sevillano de Morón de la Frontera (Sevilla).

 

Los dispositivos de emergencia se diseñan en función de la cantidad de sustancias peligrosas (fijada según el tipo) que las industrias almacenan o usan en sus procesos productivos. Las empresas que ahora los implantan han superado los umbrales que marca la normativa debido fundamentalmente a la mejora o ampliación de sus instalaciones.

 

Elaborados por la Consejería de Justicia e Interior en colaboración con las empresas, los planes permiten prevenir y mitigar las consecuencias de posibles accidentes, así como hacer frente a situaciones que conllevan peligro para personas y bienes o riesgos graves de contaminación. Se someten a la homologación de la Comisión Nacional de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función del tipo de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas.

 

El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser controlable con los recursos de la empresa. Medios

 

El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia. Esta autoridad también decide tanto la categoría del siniestro como las actuaciones más convenientes para hacerle frente en cada momento.

 

El plan cuenta con un comité asesor de apoyo a la dirección, constituido por representantes de las consejerías de la Junta; un comité de operaciones encargado de ejecutar las órdenes y de movilizar a los servicios de emergencia necesarios, coordinado por la jefatura de Protección Civil en la provincia, y un gabinete de información.

 

Los medios humanos y materiales están integrados por los bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061, las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así como al Grupo de Emergencia de Andalucía.

 

Su despliegue se prevé mediante el establecimiento de un puesto de mando avanzado que se encarga de coordinar la labor de los grupos operativos formados por personal sanitario, de seguridad y de apoyo logístico, fundamentalmente. Toda la estructura de coordinación, integrando al conjunto de efectivos, corresponde al sistema de Emergencias 112.

 

Andalucía dispone actualmente de un plan territorial de emergencias de ámbito autonómico, aprobado en 2011, al que se incorporan otros planes específicos: el relativo a inundaciones y el de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ambos vigentes desde 2004); los de contaminación del litoral y riesgos sísmicos (2008), y el de incendios forestales (2010), además de los más de 30 de emergencia exterior para establecimientos que manejan sustancias peligrosas (incluidos los aprobados hoy).