En la resolución se ordena también que continúe la instrucción penal, en la que hasta el momento figuran como imputados la empresa y su máximo responsable, Roberto Salido.

El alcalde del Valle de Valdebezana, Florentino Ruiz (PCAS), el Ayuntamiento del que depende la pedanía donde se realizó el vertido, confía en que esta resolución judicial, que es firme, se cumpla "lo antes posible" para reducir el riesgo de contaminación de acuíferos.

En declaraciones a Efe, Ruiz ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Ebro advirtió del riesgo de contaminación de acuíferos con metales pesados y que los análisis que ha venido realizando el propio Ayuntamiento en los últimos meses han detectado un incremento "notable" de la concentración de metales pesados en una toma de agua potable, que atribuye a posibles filtraciones del vertido de escoria.

La orden de retirada del vertido fue adoptada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Villarcayo el 11 de julio de 2014, pero la interposición de dos recursos por parte de la empresa ha retrasado hasta ahora la firmeza de esa resolución.

La Audiencia provincial reconoce la situación de "riesgo para el medio ambiente y los acuíferos" producida por los vertidos, que señalan varios informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Además, desestima la pretensión de la empresa de sellar los residuos en el lugar donde se encuentran y ordena que prosiga el procedimiento penal y que se investiguen los hechos denunciados.

El alcalde del Valle de Valdebezana, que fue el que denunció estos vertidos realizados entre enero y septiembre de 2013, ha adelantado que el Ayuntamiento esperará a conocer los avances de la instrucción del procedimiento para solicitar nuevas imputaciones de las personas que autorizaron o facilitaron el camino a la empresa cántabra que realizó el vertido.

Además, ha criticado a la Junta de Castilla y León porque tardó mucho en intervenir y lo hizo solo "parcialmente" cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro ya se había pronunciado y había un informe emitido en marzo de 2013 por técnicos de la propia administración autonómica que advertían de que ese tipo de residuos no se podía utilizar para el rellenado de huecos mineros.