La Junta trabaja para "estrechar el cerco" y "dar con los responsables" de los episodios de mal olor que han despertado la consiguiente alarma ciudadana; el último de ellos, en la tarde del martes, cuando el teléfono del Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un total de 28 llamadas en la capital onubense.

Según informó ayer el delgado de la Junta en Huelva, José Fiscal, los técnicos apuntan a que el olor "no era ácido", ya que "tiene toda la apariencia de provenir de procesos de reciclado de aceite", y lo acotaron a la zona de Nuevo Puerto, en San Juan del Puerto.

En este espacio -hasta donde ayer se desplazó Fiscal para analizar la situación sobre el terreno con técnicos del 112 y de Medio Ambiente- la Junta incrementará el número de captadores. Estos sensores servirán para caraterizar los olores, ya que las cabinas de red de vigilancia son las encargadas de determinar si se registra algun tipo de episodio contaminante.

"Que nadie dude de que estamos detrás de los responsables, entre otras cosas porque entendemos que no pueden pagar justos por pecadores. Por eso estamos afinando y quien no tenga responsabilidad en este tipo de episodios no tiene porqué estar bajo la lupa de la gente", afirmó el delegado.

En este sentido, destacó que se trata de un asunto delicado y, por ello, la Junta no determinará la procedencia del olor hasta que no disponga de los datos exactos, ya que la zona es muy amplia. Precisamente esta semana estarán listos los resultados de laboratorio del episodio registrado el pasado 16 de octubre.

En aquella ocasión, el fuerte olor -también proveniente del polígono Nuevo Puerto, según indicaron los técnicos- motivó unas 60 llamadas a los teléfonos de la Junta de Andalucía. No obstante, la Administración autonómica explicó el día después que los medidores no detectaron incumplimiento alguno de la normativa: se retiraron (como cada 15 días) los captadores difusivos que se instalaron en la capital y alrededores para complementar los sensores de la red de vigilancia y control del aire sin que las estaciones de esta red registraran que los parámetros medioambientales establecidos por la legislación se vieran superados.

En este punto, las obligaciones de la Junta pasan por "identificar a los responsables, analizar qué está ocurriendo y corregirlo", si bien el delegado dejó claro que, a pesar de que la alarma ciudadana que generan estos episodios es comprensible, "no existe riesgo para las personas", ni siquiera como para tener activar ningún plan.

Precisamente el plan del sector químico es uno de los siete que integran Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, cuyo comité asesor se reunió en la mañana de ayer en la Delegación de la Junta, con el objetivo de actualizar todos sus miembros, así como los componentes de los diferentes grupos operativos.

El resto de planes que hay operativos en la provincia bajo el paraguas del de emergencias andaluz (la normativa existente data de 1999, aunque fue revisada y actualizada el pasado año en Consejo de Gobierno) son el Plan por Incendios Forestales, el de Emergencia por Inundaciones, el de Emergencia Sísmico, el Plan del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril, el de Contaminación de Litoral y el de Grandes Concentraciones.

Todos ellos, a juicio de Fiscal, son importantes porque no se puede descartar que ocurra cualquier tipo de incidencia, para lo que la provincia "está prevenida". No en vano, durante el encuentro destacó la necesidad de actualizar permanentemente estos planes para dar una respuesta eficaz ante situaciones de crisis.

Con este objetivo al menos una vez al año y de manera ordinaria se reúnen los miembros de los comités asesores de estos planes para hacer un seguimiento exhaustivo de los mismos. En estos encuentros se actualizan los datos para mejorar la eficacia y se incorporan nuevos elementos que ayuden a incrementar la eficiencia en la resolución de conflictos o situaciones de crisis que se puedan dar en Huelva.

A la reunión de ayer, presidida por el delegado del Gobierno, asistieron representantes de la Subdelegación del Gobierno, de las delegaciones territoriales de Agricultura, Fomento, Igualdad, Economía y Educación, y de la Diputación Provincial.