Queremos recordar que, a pesar de que el expediente ya se había resuelto por parte de la DGCA con una sanción de 25.000€, esta resolución fue revocada porque esa DGCA había “encontrado” una alegaciones de la empresa Reyval presentadas, según esa DGCA, en tiempo y forma, que no se habían tenido en cuenta a la hora de dictar dicha resolución, lo que resulta sorprendente en todo caso, pues ese mismo dia se dictaba la caducidad del expediente al haberse cumplido los seis meses de su inicio.

Ahora se retoma el expediente al momento de la presentación de las alegaciones y se dice que se van a tener en cuenta, sin que se aporten a la parte personada, Ecologistas en Accion, dichas alegaciones para su valoración y posible respuesta, a pesar de que esa administración pública esta obligada a ello.
Esta falta de aportación del documento de alegaciones, motivo fundamental de la revocación del anterior expediente sancionador, resulta altamente sospechosa, y entraría dentro de la dinámica de omisión de información solicitada por la Plataforma Ciutadana No a la Contaminacio hasta el punto de declarar confidencial una parte importante de la solicitada precisamente en relación con la gestión de residuos sanitarios en la planta de Alcora, concretamente las analíticas de esterilización, claves para conocer si esta esterilización se realiza correctamente y no se intenta esterilizar con otros medios que no garantizan dicha esterilización, como se pudo comprobar en mayo de 2013, en la inspección realizada a instancias de las denuncias de la Plataforma, precisamente en relacion a una pretendida esterilización de residuos sanitarios infecciosos con hipoclorito sódico, algo que la legislación sanitaria no permite y que puede suponer un riesgo sanitario de primer orden, al no garantizarse que residuos que pueden contener una gran variedad de enfermedades infecciosas de posible contagio, estén realmente esterilizados y no puedan contagiar a nadie en el proceso de gestión final o por vectores de infección como mosquitos u otros agentes portadores.

Es imprescindible que las administraciones públicas garanticen el cumplimiento estricto de la legalidad en la gestión de residuos sanitarios, especialmente los infecciosos y citostáticos, lo que parece que no sucede con la gestión de residuos peligrosos en Reyval Ambient.