A inicios de julio, la Comisión Europea presentó su propuesta de revisión de la política comunitaria en materia de residuos, que contiene nuevos objetivos para la próxima década. Como la legislación de la UE funciona en cascada, de acuerdo con las decisiones adoptadas en la cúpula, el anuncio era esperado con nerviosismo por los numerosos actores del sector. Y esa espera duró más de lo previsto, porque se retrasó varios meses por culpa de la parálisis administrativa que provocó la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo.

Al final, la Comisión ha presentado un Paquete legislativo de Economía Circular que plantea cambios de calado en la normativa de residuos y en otras áreas, como la mejora generalizada del aprovechamiento de los recursos y materias primas.

Los grupos ecologistas, de acuerdo con su línea crítica habitual, han considerado oficialmente que los nuevos objetivos son "insuficientes", pero en privado reconocen que la Comisión ha hecho una serie de propuestas muy ambiciosas, y alguna de ellas hasta merecedora del apelativo "revolucionaria", como la prohibición de llevar al vertedero los residuos reciclables a partir de 2025.

"El problema -dice Daniel López, de Ecologistas en Acción- es que esos objetivos no se van a cumplir; se hacen declaraciones de principios fantásticas, pero sin actuaciones concretas que las respalden; en España, la gran mayoría de las comunidades autónomas no están preparadas ni para cumplir la normativa actual".

España, denunciada ante el Tribunal de Justicia Europeo

Como si le diera la razón al experto ecologista, pocos días después de la presentación de los nuevos objetivos, la Comisión anunció que ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por el constante incumplimiento de la normativa comunitaria relativa a los vertederos.

De acuerdo con la Directiva 1999/31/EC, todos los vertederos en operación debían ajustarse a sus disposiciones a partir del 16 de julio de 2009, pero en la actualidad sigue habiendo 28 vertederos que no cumplen y otros tres pendientes de renovación para cumplir.

Estos vertederos ilegales, según el Dictamen Motivado de la Comisión, al que ha tenido acceso elEconomista Agua y Medio Ambiente, no afectan a los residuos peligrosos; solamente concierne a receptores de residuos no peligrosos y a receptores de residuos inertes.

La gran mayoría de estos vertederos ilegales están en la comunidad autónoma de Andalucía -la provincia de Jaén es el punto negro del mapa-, pero también los hay en las Islas Canarias, Murcia, País Vasco, Aragón, Galicia, Cataluña y Cantabria.

Hasta que se celebre el juicio y falle el Tribunal pasarán varios años -la media de los procesos españoles se sitúa en 31 meses- de intercambio de documentos y silencioso trabajo de los abogados del Estado. Puede que el expediente, si España enmienda la situación, no acabe en una sanción económica millonaria, pero de lo que no cabe duda es de que habrá que actuar con presteza.

España ya sabe mucho de expedientes sancionadores provocados por aplicar de forma incorrecta las normas europeas de mercado único: tenemos 60 abiertos, la mayoría sobre fiscalidad y medio ambiente, exactamente el doble que la media comunitaria, situada en 30 casos.

Y tampoco es que nos demos mucha prisa en hacer lo que ordena la justicia: el plazo en que los Gobiernos españoles han venido cumpliendo las sentencias del Tribunal también es superior a la media de los demás socios europeos: 19,4 meses frente a 18,2 meses.

Responsabilidad de las comunidades autónomas

En referencia a la llegada del procedimiento sancionador a los tribunales, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), ha echado balones fuera al recordar que sólo tiene competencias básicas en la materia y que la gestión de los vertederos está en manos de las comunidades autónomas.

Pero con independencia de la portería en que deba entrar la pelota, lo cierto es que España, de acuerdo con Eurostat, además de no tener los vertederos en regla cinco años después de la fecha límite establecida, les envía el 63 por ciento de todos los residuos que genera, prácticamente el doble que la media comunitaria, situada en el 34 por ciento.

Así, para que el país pueda alcanzar los compromisos recién planteados por la Comisión debe producirse un cambio mayúsculo; sólo para cumplir los objetivos actualmente vigentes habría que reducir los vertidos en 20 puntos porcentuales adicionales, algo que vienen recordando todos los altos cargos del Magrama cada vez que tienen que hablar en público sobre el tratamiento de residuos.

Un ejemplo de este tipo de intervenciones, siempre políticamente exquisitas, lo ofrece habitualmente la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Magrama, Guillermina Yanguas. Antes de que se conociera la llegada del expediente a España al Tribunal, afirmó que "estamos lejos de cumplir, pero en el buen camino"; eso sí, reconoció que hay que hacer un esfuerzo "porque nos van a seguir apretando las tuercas".

Después de que saltara la noticia, Yanguas anunció que el Magrama trabaja en la actualidad en una estrategia sobre residuos con tres objetivos: incentivar la recogida de la fracción orgánica, potenciar la fiscalidad ambiental al objeto de que sea más caro llevar la basura al vertedero, y mejorar la forma en que se recoge y se separa, para lo cual se mantienen contactos con los Sistemas Integrados de Gestión, como Ecoembes.

Al Magrama, en cualquier caso, dejando a un lado las cuestiones puramente ambientales vinculadas a los residuos, no le faltan razones económicas para mejorar: según sus cálculos, alcanzar los objetivos vigentes para 2020 supondría la generación de 55.000 empleos nuevos, a añadir a una masa laboral actual que ronda los 125.000.

Reforma de tres directivas comunitarias de residuos

La propuesta de paquete legislativo de la Comisión afecta a tres directivas: la Directiva 2008/98/EC, de residuos; la ya citada Directiva 1999/31/EC, de vertido de residuos; y la Directiva 94/62/EC, relativa a los envases y sus residuos. Además, se han planteado junto con otras iniciativas sobre el fomento del empleo verde, la mejora del aprovechamiento de recursos o la edificación sostenible.

En la actualidad la UE recicla el 42 por ciento del peso de los residuos, tiene un objetivo del 50 por ciento en 2020 y la Comisión Europea propone aumentarlo hasta el 70 por ciento para cuando llegue el año 2030. Además, quiere prohibir la deposición en vertedero de los residuos recuperables en 2025 -plástico, papel, metales, cristal y residuos orgánicos-, así como reducir el desperdicio de alimentos un 30 por ciento y aplicar otras medidas, como aligerar las barreras administrativas que lastran a las pymes o armonizar la deficiente metodología de elaboración de estadísticas de los Estados miembro: hay hasta cuatro sistemas que arrojan grandes diferencias.

Los principales problemas de España están en los residuos domésticos, que ahora no llegan al 30 por ciento y deben alcanzar el 50 por ciento en 2020, y en los residuos de construcción y demolición, en los que rondamos el 45 por ciento y se debe llegar al 70 por ciento. El Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, por otro lado, incluye medidas para reducir un 10 por ciento en 2020 los residuos generados en 2010.

Para Carlos Martínez Holgado, presidente de Honor de la Fundación para la Economía Circular, "a poco más de cinco años todos sabemos que estamos lejos, pero, trabajando todos, chutando contra la misma portería, podemos competir para llegar a conseguirlo. Hay que cambiar el lenguaje; el próximo Plan Integrado de Residuos debería quitar el frontispicio de los residuos y ponerlo en los recursos, porque se trata de aprovechar los recursos".

Martínez Holgado acierta de pleno, porque según los datos de la Comisión, en la UE, la mejora del uso de recursos en un 30 por ciento -en la última década, entre 2000 y 2011, se consiguió un notable 20 por ciento de avance- se traduciría en que en el año 2030 haya dos millones de nuevos empleos, un aumento del PIB del 1 por ciento, un ahorro del 600.000 millones de euros -alrededor del 8 por ciento de los ingresos de las empresas- y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 2 a un 4 por ciento.

Los objetivos para los envases son alcanzables

Yanguas también ha anunciado que la legislación de envases podría revisarse, pero en la próxima legislatura, puesto que es un área en la que España puede sacar pecho, gracias al trabajo de los sistemas integrados de gestión, como Ecoembes o Ecovidrio.

Óscar Martín, consejero delegado del primero de los dos sistemas citados, cree que el nuevo objetivo del 80 por ciento para 2030 para los envases de su competencia podría cumplirse incluso 10 años antes, en 2020: "Pero es un reto gigantesco que requiere el esfuerzo de todos: ciudadanos, empresas, medios de comunicación, educadores? No podemos despreciar absolutamente ninguna fracción de material que tenga capacidad de reciclabilidad; las insignificancias son las que nos van a hacer pasar el examen".

De su misma opinión es Carlos Reinoso, director general de la Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel): "Empezamos a estar en niveles asintóticos; cada vez es más difícil recuperar el papel que se escapa a los canales existentes; ahora tendremos que fijarnos en las etiquetas de las botellas de refrescos, por ejemplo".

Y es que, efectivamente, los porcentajes de recuperación de papel ya están entre los más altos de Europa. Precisamente por ello, Reinoso no se atreve a aventurar si sus socios serán capaces de cumplir el nuevo objetivo del 90 por ciento para 2030: "Hay potencial en el ámbito municipal pero el resto está prácticamente al 100 por ciento". Como en muchos otros casos, el éxito o el fracaso está condicionado por el comportamiento de los consumidores.

José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio, en cambio, considera que, aunque se han alcanzado buenos niveles y se cumple con los objetivos vigentes, "se puede hacer más". Para 2020 considera que se podrían alcanzar niveles superiores al 75 por ciento y a más largo plazo se rondarían los niveles exigidos para 2030. Eso sí, habría que aumentar el número de contenedores, garantizar la seguridad jurídica, establecer incentivos?

Los residuos de plástico, por su parte, plantean problemas en el reciclado mecánico, por los diferentes productos y tipos de plásticos que se tratan, tal y como comenta Teresa Martínez, directora general de Cicloplast. Con el ritmo de crecimiento actual, del 2 por ciento, para 2020 podría alcanzarse un 40 por ciento, pero a más largo plazo serían necesarias mejoras adicionales, entre las que apuntan el establecimiento de un canon de vertido que sea disuasorio, incentivar la valorización energética o apostar más decididamente por la I+D+i para obtener nuevos productos con cabida en el mercado.

En cuanto a los metales, Javier Álvarez, director general de Ecoacero, afirma que también se encuentran en niveles asintóticos -el acero en el 90,5 por ciento y el aluminio en el 84 por ciento- y los problemas están en los elementos ligeros, provenientes de los hogares, que apenas suman el 2 por ciento de todo el metal reciclado. Su mayor preocupación está en la situación del parque siderúrgico nacional, muy afectado por la crisis, que podría llevar a exportar el acero recuperado en España.

Finalmente, la madera supera con creces los objetivos fijados, algo que también sucede en el resto de Europa, a pesar de haberse reducido con la crisis, como recuerda Fernando Trénor, director de la Federación Española de Envases de Madera y sus Componentes (Fedemco). De acuerdo con sus previsiones, podría alcanzarse en 2020 un nivel del 70 por ciento, en la senda de conseguir el objetivo de 2030. Para ello confía en la recuperación del consumo y la exportación, y en la mejora de la recogida, por ejemplo en las plataformas logísticas.

El ejemplo de Estonia: del 70% a 5% de vertido en siete años

España debe reducir la cantidad de residuos que remite a los vertederos, como muchos otros países comunitarios. A todos ellos, Estonia, la más desarrollada de las tres repúblicas bálticas, les ha señalado el camino para hacerlo en unos pocos años: convertir el vertido en una opción de librarse de los deshechos menos rentable que otras ya existentes.

Aplicando la receta, Estonia ha disminuido su tasa de vertidos, desde el 75 por ciento que tenía en el año 2006 a menos del 5 por ciento el año pasado. La clave del cambio estadístico está en el fuerte incremento que han experimentado las tasas de vertido, al pasar de ocho euros por tonelada en 2001 a 50 en la actualidad.

Además, el país ha implantado otras medidas con éxito, como sistemas de responsabilidad de los productores y de depósito y retorno. La subida de tasas no ha terminado -se prevé que vuelvan a hacerlo hasta 60 o 75 euros el año que viene-, pero ya ha otorgado atractivo económico al reciclado, la recuperación energética y el tratamiento de los residuos orgánicos, y ha atraído una fuerte inversión en infraestructuras, hasta el punto de que el país puede importar residuos y procesarlos.

En España sólo Cataluña tiene un canon de vertido, situado entre 12,4 y 21,6 euros por tonelada, y otro sobre la incineración, entre 5,7 y 16,5 euros.