Según información a la que ha tenido acceso 'La Verdad', algunas irregularidades en la forma de llevar la planta de Befesa Gestión de Residuos Industriales SL fueron comprobadas por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, así como por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
 
Las anomalías se resumen en cinco puntos clave. Según recoge un informe del Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental, fechado el 16 de junio, está «acreditado» que en el vertedero y en las instalaciones de gestión previa de residuos peligrosos «se han contaminado las canalizaciones de aguas pluviales de las instalaciones y del barranco de Escombreras, mediante el vertido de sustancias peligrosas en las canalizaciones y posteriormente su desagüe al barranco de Escombreras». La CHS hizo un informe en mayo según el cual hubo una «presunta evacuación de lixiviados realizada furtivamente al ramblizo de la Rambla de Escombreras», lo que debía llevar a proponer la revocación a Befesa de la autorización ambiental integrada, un permiso obligatorio.
 
Asimismo, los inspectores de Medio Ambiente constataron el vertido de sustancias peligrosas en el suelo, el enterramiento en el agujero de vertido de envases con residuos líquidos peligrosos no autorizados y la filtración de desechos «hacia capas inferiores del vaso» al romperse uno de los barriles.
 
Etiquetas distintas
 
En tercer lugar, durante su recorrido por Befesa los especialistas adscritos a la Consejería de Agricultura y Agua se encontraron con unas «malas e inadecuadas condiciones de almacenamiento» de 2.193 bidones del compuesto químico oDBC, lo que había «incrementado las concentraciones de PCBs».
 
En cuarto lugar, la Comunidad también ordenó la suspensión provisional de la actividad por «la mala gestión de residuos que contienen amianto». Por último, los funcionarios recabaron evidencias de «actividades no autorizadas», como la gestión de los filtros de carbono activo procedentes de la factoría de Sabic en la localidad cartagenera de La Aljorra, así como del «uso de envases etiquetados de un residuo para almacenar otro completamente distinto y sin el correspondiente etiquetado». Un ejemplo es la acumulación de carbono activo usado en sacas etiquetadas como Bisfenol A (BPA).
 
El nombre de la multinacional del plástico Sabic cobra importancia en el expediente sancionador abierto por la Comunidad Autónoma a Befesa, debido a que según los técnicos de la administración pública el origen de los bidones con sustancias prohibidas enterrados en el vertedero proceden de esa primera empresa.
 
En abril pasado, Medio Ambiente realizó una inspección en la factoría que Sabic Innovative Plastics España tiene en La Aljorra y halló pruebas documentales de que en los años 2013, 2014 y 2015 entregó al gestor Befesa residuos pesados de veratrol y oDCB.
 
De los cerca de 6.200 bidones que según los técnicos manejó Befesa, en la planta de Escombreras había 2.193 almacenados en el momento de las inspecciones. Estaban en la llamada «zona de transferencia», expuestos al agua de lluvia por las perforaciones en el techo de la nave y sobre un suelo cubierto de una capa de tierra que anegaba el sistema de recogida de fugas y derrames; así como en la nave de graneles.
 
Ante el riesgo de deterioro de los bidones y de la carga contenida en éstos, la Comunidad acordó dar un plazo máximo de quince días a Befesa para que los pusiera de forma «inmediata» en manos de un gestor final autorizada, «para su eliminación por incineración»; y que le acreditara esa entrega.
 
Búsqueda de recipientes
 
Los técnicos recordaron que diversos estudios científicos advierten de que el oDCB «no se debe almacenar durante más de un mes», y alertaron acerca de que en la planta constataron un fuerte incremento en la concentración de PCBs «por efecto de la temperatura y de la luz solar», respecto a los niveles registrados en la factoría de Sabic.
 
En cuanto a los otros 4.000 barriles, Medio Ambiente también estableció dar quince días a la compañía para que acreditara su localización. En los últimos días, según ha sabido este periódico de fuentes conocedoras del expediente la Comunidad, ha realizado búsquedas sobre el terreno para tratar de dar con los bidones. Entre otras técnicas, ha utilizado un dron para 'escanear' el suelo.
 
La Comunidad ha advertido a Befesa de que si incumpliera una orden definitiva de cierre, suspensión o adopción de otras medidas cautelares se enfrentaría a una infracción administrativa muy grave, sancionable con una multa de 100.000 a un millón de euros. Este diario contactó con Befesa para recabar su versión pero, a través de un representante, declinó hacer declaraciones.