El gobierno federal planea reactivar los confinamientos de residuos peligrosos en Guadalcazar, San Luis Potosí; Hermosillo, Sonora, y Zimapán, Hidalgo, cuyo cierre hace unos años derivó en litigios internacionales que México perdió y por los cuales pagó más de 600 millones de pesos por concepto de indemnizaciones a las empresas que los operaban.

Dichas instalaciones fueron concebidas para el manejo de residuos peligrosos –es decir que poseen características como corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio- sin embargo dejaron de operar y fueron cerradas ante las protestas de activistas, aunque han requerido actividades de mantenimiento preventivo.

En un documento enviado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la dependencia plantea “llevar a cabo los proyectos ejecutivos de uso de las instalaciones de los tres exconfinamientos de residuos peligrosos con un fin productivo de beneficio para la sociedad, incluyendo la posibilidad, en caso de ser jurídica, social y económicamente viable, de poner estos sitios en operación para la finalidad que fueron concebidos”.

De acuerdo con el documento al cual tuvo acceso 24 HORAS, Luis Eduardo Ávila Rueda, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, envió a Hacienda el plan de costo-beneficio el pasado 4 de julio, y será el funcionario el responsable de reactivar los centros los exconfinamientos de CYTRAR en Hermosillo en Sonora, el sitio de La Pedrera en Guadalcazar, San Luis Potosí, y el sitio en Zimapán en Hidalgo.

De acuerdo con el documento, desde el cierre de las instalaciones se han realizado trabajos de mantenimiento y remediación que han implicado “gastos y costos a la Federación que pudieran ser evitados a futuro si se elabora un proyecto de uso futuro viable de acuerdo a las características de cada sitio y a la vocación original de cada uno de estos sitios”.

La Semarnat precisa que los proyectos ejecutivos para el uso futuro de las instalaciones de los ex confinamientos citados se harán con base en lo que resulte de los estudios de factibilidad que se realicen en el año 2014 sobre los posibles usos que se les pueda dar a cada uno.

“En virtud de que los tres ex confinamientos cumplen con los criterios de la Norma Oficial Mexicana en materia de confinamientos de residuos peligrosos respecto a la distancia mínima a la población, no se considera una posible población afectada”, concluye el documento.

Capacidad rebasada

A la fecha operan en el país sólo tres centros para el confinamiento de residuos peligrosos industriales y uno más que está en construcción y cuyas operaciones se prevé comiencen el próximo año.

Datos de la Semarnat indican que en el país se producen cada año poco más de un millón 972 mil toneladas de residuos peligrosos, sin embargo, la capacidad actual de los tres centros tiene una capacidad para confinar 1.4 millones de toneladas.

Los confinamientos activos son el de Ramos Arizpe, Coahuila, propiedad de la empresa Tecnología Ambiental Especializada, cuya capacidad es de 715 mil 836 toneladas; el segundo en San Pedro Garza García, Nuevo León, a cargo de la compañía Residuos Industriales Multiquim, con cabida de 660 mil toneladas; y uno más en Chapala, Jalisco, con la capacidad de 90 mil 833 toneladas a cargo de la empresa Ciba-Geigy Mexicana.

Aunado a lo anterior, en mayo pasado la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte inició los trámites ante la Semarnat para operar un nuevo confinamiento de residuos peligrosos en el municipio General Cepera, en Coahuila, a 70 kilómetros de Saltillo.

En julio la dependencia autorizó el proyecto de impacto ambiental presentado por la compañía, aunque a la fecha no está avalado el cambio de uso de suelo a través del cual la Federación evalúa el tipo de animales y vegetales que habitan la zona para determinar si existen especies protegidas y si se requiere su reubicación o no.

No obstante, se prevé que para 2015 el nuevo confinamiento esté aprobado completamente y pueda iniciar su construcción y posterior operación.


Guadalcazar (La Pedrega), SLP

En 1990 y 1991, la empresa estadounidense Metalclad Corporation almacenó alrededor de 20 mil toneladas de residuos de las industrias metal-mecánica, química, farmacéutica, agroquímica y automotriz en el predio de 814 hectáreas, conocido como La Pedrera.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del estado clausuró las instalaciones el 25 de septiembre de 1991, debido al descontento y desconfianza de la población. El sitio fue declarado como área natural protegida.

En agosto de 2000, un panel arbitral de la Suprema Corte de la Provincia Canadiense de Columbia Británica del Centro de Resolución de Controversia sobre Inversión, dependiente del Banco Mundial, emitió el fallo en el que determina que México debió indemnizar a Metalclad por el cierre del confinamiento.

Por este caso el gobierno de México debió pagar 152 millones de pesos

Hermosillo (Cytar), Sonora

A mediados de los años 80, el Cytrar fue construido como un confinamiento para residuos industriales de baja peligrosidad por la Planta Ford. El tiradero recibió su primera autorización por parte del Instituto Nacional de Ecología el 7 de diciembre de 1988, la cual fue otorgada a nombre de “Parques Industriales de Sonora” con una duración de cinco años y exclusivamente para residuos regionales.

En noviembre del 1997, la empresa española Técnicas Medioambientales (Tecmed) adquirió el terreno y obtuvo la licencia federal para la operación del confinamiento de residuos tóxicos denominado Cytrar.

En 1998, ante las protestas sociales, la Semarnat decide no renovar la licencia de operación del confinamiento. La empresa Tecmed demanda a México por daños y perjuicios por el cierre del Cytrar, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

México perdió el juicio y tuvo que pagar a la empresa Tecmed cerca de 10 millones de dólares (unos 85 millones de pesos).

Zimapan, Hidalgo

El 11 de noviembre de 2004, la Semarnat otorgó a Sistemas de Desarrollo Sustentable (una empresa creada por Abengoa y Cofides) la autorización para la instalación de un confinamiento de residuos peligrosos en este municipio con una capacidad para contener más de 449 mil metros cúbicos de basura tóxica.

Debido al cierre de las instalaciones, derivado de las protestas sociales, Abengoa y Cofides llevaron el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que en 2013 obligó al gobierno de México a indemnizarlas con cerca de 492 millones de pesos por concepto de expropiación, pérdidas de beneficios durante el período de para de la planta, sobrecostes, devolución de IVA y costas.